ENSAYO CIENTIFICO

El crimen de agresión constituye uno de los actos más graves cometidos por un Estado contra otro, en tanto afecta, en primer lugar el derecho a la autodeterminación y soberanía del respectivo Estado; en segundo término, al hacer uso de la fuerza se comete una de las mayores infracciones contra el derecho internacional y la paz mundial. El crimen de agresión ha tenido un lento desarrollo por parte de la comunidad internacional, debido a las presiones políticas y económicas que han ejercido países con capacidad de influencia mundial como Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, que han establecido definiciones y resoluciones a su amaño, tal como la consagrada en la Resolución 3314 de la Onu de 1974.

 “La comunidad internacional ha buscado, de forma reiterada, establecer una definición vinculante para los Estados e individuos que cometen este tipo de crimen, además de su sanción por la comisión del ilícito internacional, lo que ha sido imposible” (Álvarez, 2014).

 En otras palabras el Delito de Agresión, cuya reglamentación ha sido la más dificultosa por parte de los encargados en pulir los términos sustanciales y procesales del Estatuto, podría aplicarse, en caso de los conflictos internos, a todos aquellos actos de barbarie que realiza un actor armado contra una comunidad. Para ejemplificar de una manera detallada podemos mencionar el conflicto colombiano de falsos positivos, el mismo que desató un magnicidio de jóvenes de escasos recursos y de familias pobres y vulnerables del país, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, todo esto estructurado por el ejercito Nacional de Colombia. En otras palabras podemos decir que muchas de las masacres realizadas por paramilitares para amedrentar y someter a toda una población, como también las tomas destructivas realizadas por las Farc, podrían convertirse en objeto de judicialización por este alto tribunal internacional. 

De modo que, si la corte penal internacional es capaz de llevar ante la justicia de manera individual, a todos aquellos perpetuadores de la violencia en Colombia fruto del paramilitarismo y las guerrillas, además responsables de toda esta guerra agresiva y despiadada , peor que pandemia; es cuando una fuerza imponente de alcaldes, gobernadores, juntas de acción comunal, JAL, asociaciones de padres, madres comunitarias y demás expresiones del poder de la civilidad, se unan y juntos denuncien con evidencias y testimonios el sufrimiento de miles de familias. ¿Pero será que en Colombia es posible que un alcalde, gobernador y demás servidores públicos, ayuden a esclarecer quién dio la orden? 

Bibliografía Álvarez, G. A. (2014). Análisis sobre el crimen de agresión en la Corte Penal. Bogota : Revista Colombiana de Derecho Internacional, 193-218 (2014).